La
mecánica burocrática utilizada por el nuevo régimen fascista fue
implacable, adoptando desde el principio formas paralegales similares a
las utilizadas en la instrucción de un procedimiento legal: primero,
toma de declaración a algunos vecinos afectos, casi siempre los mismos,
que ponían de manifiesto las simpatías del investigado por el Frente
Popular; segundo, informes de los poderes político (Ayuntamiento) y
militar (Guardia Civil) en el municipio, corroborando, incluso
ampliando, y dando apoyo institucional a lo declarado por el elemento
civil; y, para finalizar, informe del representante de la (in)justicia
del nuevo orden con los que el Tribunal Civil de Responsabilidades
Políticas iniciaba el expediente de incautación de los bienes del
acusado.
De forma cínica y criminal el
conjunto de los ciudadanos que defendieron las instituciones
republicanas fueron acusados de auxilio a la rebelión precisamente por
todo lo contrario, por no sublevarse contra el Gobierno legal de la
República. El resultado de la represión ejercida por los rebeldes en
Zuera fue la ejecución de 194 mujeres y hombres (ver aquí). La mayoría de los que
se salvaron, como Odón de Buen, tuvieron que soportar la infamia de la
incautación por los sublevados de sus bienes, todos en el caso de Odón.
Algunos, además, largos años de cárcel.
