El juez instructor decretó el procesamiento de José Luis Sanchís, diputado valenciano del PP y de su responsable de finanzas, y hombre de confianza de José María Aznar, Rosendo Naseiro. Al estar implicado un diputado del Congreso el caso pasó al Tribunal Supremo y éste, pese a las evidencias claras de delito que las escuchas ponían de manifiesto, tuvo que sobreseer la causa. Los motivos: las escuchas telefónicas se habían permitdo exclusivamente para investigar un caso de narcotráfico, por tanto utilizarlas para otras cuestiones no gozaba de supervisión judicial. El Tribunal ordenó destruir las cintas, algunas con perlas como la que Vicente Sanz, ex-presidente de la Diputación de Valencia, dirigía a Eduardo Zaplana: "estoy en la política para forrarme".
En este caso los jueces no pudieron pronunciarse sobre la "verdad de los hechos" , abrumadoramente contrastados en las diversas cintas grabadas, sino sobre la "verdad jurídica", aquella posible, conseguida en el procedimiento judicial sin poner en peligro otros valores y fines, la posible violación de derechos fundamentales, que igualmente forman parte de nuestro derecho. Desde esta perspectiva, el Tribunal prefirió garantizar los derechos de todos los ciudadanos aunque, paradójicamente, esto permitía que personas de la catadura de Sanchís, Naseiro y otros eludieran la acción de la justicia.
No somos ingenuos, la actuación del Partido Popular y sus rábulas, comenzando por el diputado Trillo, a base de retorcer la realidad, poner trabas y enredar durante todo el proceso hicieron posible que la fechoría quedara impune, hasta el punto de que convirtieron el caso Naseiro en el caso Manglano, juez encargado del asunto.
Pero claro, "los hechos" estaban ahí, tozudos. El que los imputados no fueran procesados ni, por tanto, condenados no quiere decir que no fueran unos indeseables, moral y políticamente. Su expulsión de la política debía haber sido fulminante. Pero no, el PP corrió un tupido velo y para la derecha, dado que se archivó la causa, los hechos son como si no hubieran sucedido.
¿Sucederá lo mismo en nuestro municipio?
Seguiremos en una próxima entrada.
El presidente de la Comunidad Autónoma y del PP de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha reconocido ser "partidario" de apartar de su formación política a quienes "por una u otra razón" pueda tener el"pálpito" de que "no han obrado bien", cuando ha sido preguntado por el alcalde de Totana, José Martínez Andreo. Sin embargo, ha sostenido la posibilidad de "mantener en el PP" a quienes se encuentren en procesos similares, siempre que tenga el "pálpito" de que "no hay nada". En los dos casos, ha reconocido que hay posibilidades de equivocarse en la decisión. Lo que no ha dicho es en cuál de los dos casos pondría a sus compañeros de partido Francisco Camps y Carlos Fabra...y a un tal Larqué, a la sazón alcalde de Zuera en la provincia de Zaragoza.
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